Europa cree que los aerogeneradores tienen «un interés público superior». Es un problema para los agricultores

La Unión Europea ha decidido que para 2030 el consumo de energía renovable sea del 42,5%, una cifra bastante más elevada que la que había estipulado hasta el momento, que era del 22%. Para conseguirlo, se espera que las inversiones en fuentes de generación limpia para acelerar esta transición se incrementen en todos los países. Y no sólo eso, también que los países sean más permisivos con todos los proyectos renovables.

Tanto, que se ha decidido sacar a los molinos y las placas solares de la ley de Restauración de la Naturaleza. Un revés para los agricultores que ha encendido un debate estos días en la Comisión Europea.

La medida. Para entender el pulso que se vive estos días en Bruselas, hay que entender en qué consiste la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma busca restaurar para 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados y la totalidad de ellos para 2050. Sin embargo, la ley acaba de incluir recientemente una rectificación (uno de los motivos por los que ha salido adelante) que incluye una excepción para los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas, que se seguirán instalando en los campos porque se considerarán «de interés público superior» al medioambiental.

El nuevo artículo. Concretamente, este nuevo texto establece que «la planificación, construcción y explotación de plantas para la producción de energía a partir de fuentes renovables, su conexión a la red y la propia red asociada y los activos de almacenamiento, se presumen de interés público superior. Y los Estados miembros pueden eximir a estos proyectos de demostrar que hay soluciones menos dañinas en determinadas circunstancias».

Eso se traduce en que, mientras los agricultores y pescadores probablemente tendrán que enfrentarse a una caída de ingresos por las restricciones, las renovables seguirán beneficiándose de una “excepción a las obligaciones de mejora continua y no deterioro».

La batalla en la UE. Para saber cómo se ha llegado hasta aquí, tenemos que remitirnos a la pugna que el Pacto Verde, la hoja de ruta de la UE para desarrollar una economía descarbonizada, está levantando en la Comisión. El Partido Popular Europeo había pedido a la Comisión Europea que retirara la norma. Otros países como Polonia, Suecia, Finlandia, o Italia también se habían opuesto.

Sin embargo, el acuerdo para que la Ley de Restauración de la Naturaleza siga adelante ha sido posible precisamente a la adición en el borrador de más flexibilidad para ofrecer garantías a zonas con alta densidad de población, regiones ultraperiféricas, áreas agrícolas o de defensa, criterios de humidificación o energías renovables. Y ahí entra la decisión de no tocar a los aerogeneradores y paneles solares.

Las críticas. Esto ha sido un golpe directo para el sector agrario, que alerta de que implicaría la pérdida de numerosas tierras de cultivo y de caladeros de pesca. ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ha salido al ruedo para decir que «la legislación pone en peligro la vida del sector rural y la seguridad alimentaria en la UE», además de suponer una devaluación de los terrenos de uso rural. También critican que «la Comisión Europea espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, cuando ambos presupuestos ya están sobrecargados”.

¿Qué dice España? Pese a que la mayoría de países han pedido más flexibilidad en los objetivos, para la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, la ley no es suficiente. Sobre todo cuando, según denuncian los agricultores, eliminará un 40% de las tierras de cultivo en nuestro país. Estas afirmaciones también las corrobora la misma Comisión Europea, cuyas evaluaciones de impacto señalan que la ley implicará una «pérdida de ingresos que afectará a los agricultores, los propietarios forestales o los pescadores, en la fase de transición hacia prácticas más sostenibles».

Imagen: Unsplash (Karsten Würth)

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Europa cree que los aerogeneradores tienen «un interés público superior». Es un problema para los agricultores

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Albert Sanchis

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